Retos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en fiscalización

Es conveniente que la SFP establezca nexos técnicos y de coordinación con entes de fiscalización, evaluación, investigación y sanción vinculados a la gestión de los recursos gubernamentales, tales como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Fiscalía General de la República (FGR), Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), secretarías o contralorías de la función pública locales, asociaciones de profesionales en contaduría, auditores internos, ingenieros, informáticos, testigos sociales, entre otros.

Dichos nexos son con la finalidad de aprovechar experiencias y resolver, en la medida de lo posible, las necesidades técnicas que cada uno enfrenta al desarrollar los temas a su cargo. Este ejercicio, que pudiera ser liderado por la SFP, resultaría en un modelo de gestión, evaluación y fiscalización que favorezca un control interno moderno y ágil, el cual prevenga actos de corrupción y facilite la sanción en los casos irregulares.

La SFP debe promover (en los sujetos de fiscalización) la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, esto a través de recomendaciones que se traduzcan en mejores servicios para los habitantes.

El desarrollo de vínculos técnicos propiciará una revisión asertiva con reglas y capacitación homologadas, cuyo enfoque y alcance no sólo sea revisar los acontecimientos, sino también fomentar un modelo de nueva gestión pública basado en la eficiencia e innovación continua, con sustento en observaciones y recomendaciones de profesionales independientes a la operación diaria de los entes, cuidando que las sugerencias de mejora de los fiscalizadores no pretenda suplantar (en sus atribuciones) a los responsables de la administración de los recursos.

El uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la gestión gubernamental evidencia la necesidad de implementar un modelo de fiscalización, el cual utilice de manera amplia y habitual estas herramientas en la planeación, muestreo, ejecución, informes y supervisión de las evaluaciones y auditorías. El modelo utilizado deberá cumplir el compromiso con el Sistema Nacional de Fiscalización que, por cierto, requiere una actualización conceptual.

El modelo de gestión de la SFP debe contribuir a que los sujetos de fiscalización cumplan de forma eficiente, eficaz y honrada sus funciones de cara a los habitantes de México, esto con enfoque a prevenir, detectar y, en su caso, denunciar malas prácticas en el uso o abuso de los recursos públicos, así como verificar que los objetivos de los programas y proyectos se cumplan, que los recursos se destinen a los fines previstos y que se logre el impacto previsto en el bienestar de los ciudadanos. Con una nueva visión, la SFP y su liderazgo deberán ubicarse como un referente nacional por su calidad técnica.

La SFP debe impulsar un modelo de fiscalización que incluya el uso de las TIC para validar la información de los entes bajo su vigilancia y obtener evidencias externas sobre la exactitud de los datos auditados.

Otro reto de la SFP será prevenir la impunidad como un elemento que daña la credibilidad del Poder Ejecutivo en el manejo eficiente, eficaz y honrado de los recursos gubernamentales; por lo tanto, deberá armonizar su labor a las normas y mejores prácticas para garantizar que sus hallazgos y conclusiones se sustenten en evidencia que cumpla con los requerimientos técnicos, jurídicos y contables aplicables, y con los requisitos de valor probatorio indispensables para que los encargados de impartir justicia emitan las sentencias o resoluciones correspondientes.

El principal reto de la SFP es propiciar y asegurar que la administración pública federal funcione con integridad, así como que las personas servidoras públicas ajusten su conducta a los códigos de ética y de conducta aplicables. En las disposiciones vigentes se identifican múltiples conceptos éticos que los servidores públicos deben tener presente en cada acción. Tantos conceptos y normativas pudieran resultar abrumadoras e imprácticas y, por lo tanto, susceptibles a incumplimiento; para ello, sería conveniente trabajar en un decálogo que les facilite (a los servidores) capacitarse y actuar acorde a sus funciones y, al mismo tiempo, cumplir la normativa.

Otro desafío es consolidar la participación ciudadana en el trabajo de fiscalización, lo cual es una práctica contenida en los planes estratégicos de los organismos internacionales reguladores de esta actividad. La colaboración de los ciudadanos puede obtenerse como evidencia externa y da sentido de identificación entre el ciudadano y su gobierno; esto se puede lograr, por ejemplo, mediante la aplicación de procedimientos de confirmación de las operaciones realizadas, o bien, servicios recibidos por los ciudadanos por parte de los sujetos de fiscalización (cuidando la fundamentación y forma de la prueba). Adicionalmente, se puede fomentar un sistema de denuncia anónima cuya función es doble, pues ayuda a la detección de problemas percibidos por los ciudadanos y disuade al posible perpetrador (al saber que puede ser denunciado).

La SFP debe modernizar las estrategias de gestión y fiscalización vigentes, reconociendo que se enfrentan numerosos factores que obstaculizan el cuidado y la comprobación adecuada de los recursos públicos.

Conclusiones

Dentro de su visión, la SFP puede ser un referente por su calidad, rigor técnico y ético, mediante la actualización de un modelo de fiscalización que integre la experiencia y requerimientos de los involucrados en el manejo de los recursos públicos. La SFP debe promover (en los sujetos de fiscalización) la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos a través de recomendaciones que se traduzcan en mejores servicios para los habitantes y, en su caso, presentar denuncias con evidencias suficientes, necesarias y pertinentes con valor probatorio técnico y jurídico para evitar que actos irregulares queden sin sanción por deficiencias.

Es necesario que la SFP impulse un modelo de fiscalización que incluya el uso intensivo y cotidiano de las TIC, esto para validar la información de los entes bajo su vigilancia y obtener evidencias externas sobre la exactitud de los datos auditados, así como para apoyar a la contención, control y lucha efectiva contra la corrupción. Cabe recordar que la corrupción y las emergencias se retroalimentan, creando un círculo vicioso de mala gestión y crisis más profundas.

Es indispensable vigilar el grado en que las políticas y programas públicos son claros respecto de los resultados esperados y el logro del propósito para el cual fueron creados, generando información que sirva a los responsables de su administración, sin suplantar (mediante observaciones o recomendaciones) el cumplimiento de sus atribuciones. Incorporar la participación ciudadana, la actuación íntegra de las personas servidoras públicas, así como fortalecer el aprovechamiento de las TIC en el actuar cotidiano de la SFP, genera valor en su acción fiscalizadora y contribuye a modificar la expectativa de ser evaluada por la aplicación de sanciones de carácter judicial como su fin principal.