Las decisiones de política pública son el resultado de una lógica instrumental y estrategias concebidas como los medios más eficientes para alcanzar ciertos fines. Conviene hacer hincapié en que la orientación de esta investigación concuerda con los puntos cardinales en los cuales se basa la Auditoria Superior de la Federación (ASF), misma que define a la política pública, particularmente, como una acción.
Después de haber revisado y explicado en qué consiste la política pública, hay que centrarse en el aspecto que ocupa a esta revisión: el ámbito de aplicación de la política pública en los municipios de México para combatir la corrupción a través del control interno y los mecanismos de salvaguarda institucional. Lo anterior como lo ha definido el Inegi en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (hoy alcaldías) para el año 2020.
Como estudio de caso se ha decidido analizar la información correspondiente a los 2,468 municipios de México en los aspectos correspondientes a las contrataciones públicas que estas administraciones declararon haber realizado en 2020. Esta revisión es del apartado de control interno y anticorrupción con el propósito de evaluar la implementación de la política pública en materia de contrataciones y control interno.
Según datos del censo referido, de los 2,468 municipios que contaban con una estructura administrativa en funciones al 31 de diciembre de 2020, el Inegi obtuvo información de 2,467 demarcaciones. Ahora bien, durante el operativo de levantamiento realizado en 2021, se informa que se renovaron 1,932 ayuntamientos y alcaldías a lo largo del país, es decir, hubo elecciones en 78.3% de los gobiernos locales.
Cabe destacar que los municipios en México cambian de autoridad cada tres años y esto también conlleva el cambio en las administraciones municipales (en su mayoría), pues en algunos casos, estos se reeligen por un periodo más de tres años (donde habría continuidad en su administración). De estos, en los que se logró información (de acuerdo con el Inegi) fue en 2,364 municipios (95.8%).
El organismo menciona en su información censal que, con fecha del 10 de junio de 2022, se actualizó la información de contrataciones públicas, control interno y anticorrupción, motivo por el cual es una oportunidad de análisis y revisión del comportamiento de las contrataciones en este breve ensayo.
Ahora bien, se van a revisar los elementos y mecanismos institucionales para las contrataciones públicas de las administraciones públicas municipales, según la condición de existencia de mecanismos de salvaguarda institucional para las contrataciones (por tipo de materia) sobre lo que basó su levantamiento de información el Inegi.
En 2020 las administraciones públicas municipales declararon contar con la existencia de mecanismos de salvaguarda institucional para las contrataciones por tipo de materia.
Ahora bien, se deben analizar los datos que ofrece este censo a través del levantamiento de la información correspondiente a los mecanismos de salvaguarda identificados por el Inegi.
Como se puede observar, de los 2,468 municipios en México, sólo 1349 reportaron contar con mecanismos y disposiciones administrativas en materia de contrataciones públicas, es decir, sólo el 54.6%. Esto significa que hace falta instrumentar en un 45% de los municipios la normatividad y los mecanismos de control para evitar los manejos discrecionales de los recursos públicos. Ya se verá en el próximo levantamiento de la información del Inegi (en 2024) qué resultados arroja para llevar a cabo una comparativa y determinar los avances.
Aunado lo anterior, se va a analizar el comportamiento de los contratos durante 2020. Las administraciones públicas municipales realizaron 135,617 contratos con proveedores o contratistas, de los cuales se muestra lo siguiente:
Fuente: Inegi.
El 56.4% o 76,563 contratos fueron en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; por otro lado, el 43.5% (58,974 contratos) en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma. Según el censo, en ambas materias la adjudicación directa fue el principal procedimiento de contratación.
Como se ha podido observar, a partir de los hallazgos en cuanto al número de contrataciones por adjudicación directa, esto representa el 42.2% de las adquisiciones (19,950) y el 40.1% de los contratos de obra pública (33,177.6). Si se le suman los casos de invitación a cuando menos tres personas (o invitación restringida), son 8,297.9 (17.6%) y 33,296.9 (40.3%). Esto significa un monto muy importante, más del 60% de los casos se realizan por adjudicación directa, por eso será necesario implementar una política pública más sólida para evitar que, en el ámbito de las administraciones municipales, la mayor parte de éstas opten por llevar a cabo este tipo de operaciones sin que medie un control más efectivo en el procedimiento de contrataciones.
Lo anterior, ya que, en las licitaciones públicas nacionales el 36.0% de las adquisiciones (17,028.4) y el 18.5% de los contratos de obra pública (15,273.1) son un número mucho menor; asimismo, en cuanto a la intervención y participación de la figura del testigo social, ésta es poco significativa en el procedimiento de las contrataciones, siendo sólo 216 casos en total en los procedimientos de adquisiciones y 430 en los de obra pública.
Por todo esto, se puede decir que los saberes compartidos, los sentidos comunes, la manera en que se mira el mundo social, así como se ofrecen explicaciones de su funcionamiento a través de sus organizaciones administrativas, estructuran la forma en que se piensa sobre los problemas y guían, en consecuencia, el diseño de soluciones de políticas para hacerles frente.
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