Bajo este contexto, la figura del testigo social emerge no sólo como un observador externo, sino como un actor clave, contribuyendo a la mejora continua de las instituciones públicas y promoviendo la confianza de la ciudadanía en el gobierno, así como en las compras y obras que realiza.
El concepto del testigo social en el país tiene su raíz en el contexto internacional de la lucha que se ha dado contra la corrupción, particularmente, en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, también conocida como la Convención de Mérida, misma que fue aprobada por la Cámara de Senadores en abril de 2004. La adopción del gobierno mexicano reflejó un compromiso para fomentar la integridad y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
En esa misma línea, México ha implementado acciones para alinear sus políticas y prácticas con los estándares internacionales en materia de combate a la corrupción, siendo parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 1997, así como de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2009.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) formalizó la figura del testigo social al emitir el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la administración pública; éste representó un paso significativo hacia la institucionalización de la participación ciudadana en la vigilancia de las contrataciones públicas; fue creado con el propósito de cumplir las metas presidenciales en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006; asimismo, para prevenir y sancionar la corrupción en las instituciones públicas, es necesario mejorar su eficacia, eficiencia, honestidad y hacer obligatoria la rendición de cuentas.
Por lo anterior, en 2009, mediante la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se incorporó al testigo social en los procedimientos de compras y obras, lo que consolidó su función como un actor clave en la prevención de la corrupción y la promoción de la transparencia.
Hoy en día, el testigo social actúa como representante ciudadano en los procesos de compras y contrataciones de obras que el Gobierno realiza, esto con el objetivo de mejorar los procedimientos para tutelar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, establecidos en el artículo 134.° constitucional.
Este papel no es pasivo, tiene la responsabilidad de analizar la documentación administrativa, financiera, contable, así como las propuestas técnicas-económicas y formular, en su caso, conforme a su experiencia y en atención a las disposiciones legales y administrativas vigentes, propuestas que mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad y el precio de las contrataciones. Su participación contribuye a la rendición de cuentas, así como al fortalecimiento del control democrático, al involucrar, de manera directa, a la ciudadanía en la supervisión de los actos de gobierno; es decir, hacer una democracia efectiva en la que los mexicanos no sólo tengan el derecho a votar, sino que participen en la toma de decisiones a través de este tipo de figuras.
Para desempeñar las funciones de manera positiva, el testigo social debe estar capacitado y contar con experiencia en materia de compras públicas, comprendiendo el funcionamiento y la organización del gobierno, el presupuesto, la contratación de servicios y arrendamientos, la obra pública, entre otros preceptos normativos que requiere la función.
Además, tiene la obligación de presentar informes parciales sobre su participación en cada una de las etapas del procedimiento de contratación que atestigua, los cuales se presentan en un plazo no mayor a cinco días hábiles (contados a partir de la conclusión del evento). En esos informes se deben relatar, de manera clara y sintetizada, las condiciones en las que se desarrolló el evento dentro del procedimiento de contratación.
También, se pueden presentar informes previos cuando se detecten posibles observaciones o irregularidades graves dentro del procedimiento de contratación. Este informe, por su importancia, debe presentarse en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de que se tuvo conocimiento de la situación, con el propósito de que la dependencia o entidad pueda subsanar el problema o, en su caso, que los órganos internos de control inicien los procedimientos administrativos correspondientes.
Dentro de sus funciones, está la de presentar un testimonio, el cual se manifiesta en un plazo no mayor a siete días naturales contados a partir de la conclusión del atestiguamiento; éste es un documento público que contiene las observaciones, recomendaciones y sugerencias del procedimiento de contratación que se atestiguó, así como las conclusiones sobre el apego a las disposiciones jurídicas aplicables, la transparencia y la imparcialidad del procedimiento de contratación.
La presencia del testigo social ha demostrado ser un mecanismo efectivo para reducir los riesgos de opacidad. Al actuar como un observador externo e imparcial, ayuda a prevenir, detectar y, en su caso, denunciar prácticas corruptas que podrían surgir durante la adjudicación de contratos. Esta vigilancia externa es importante en un contexto donde las contrataciones representan una parte significativa del presupuesto de las dependencias gubernamentales, lo que las convierte en un área vulnerable a la corrupción.
Su participación no sólo tiene un impacto preventivo, sino que también contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para el buen gobierno y, por eso, el testigo social juega un papel crucial para garantizar que estos principios se cumplan.
A pesar de los avances logrados, la figura del testigo social enfrenta varios desafíos que deben abordarse para maximizar su efectividad y ser parte de una democracia efectiva. Uno de los principales retos es la necesidad de ampliar su cobertura y asegurar que su participación no se limite a un pequeño número de contrataciones (como hoy es el caso), sino que se extienda a un mayor número de procesos, especialmente, en áreas donde el riesgo de corrupción es más elevado.
En lo que va de los últimos seis años, el Gobierno federal sólo realizó la designación de testigos sociales en poco más de 550 procedimientos de licitación, aun y cuando se encuentran activos en el padrón 36 testigos sociales, de los cuales 29 son personas físicas y siete son personas morales.
La actual administración ha señalado que se llevará a cabo la reestructuración y consolidación de una nueva estrategia de compras públicas; que la adquisición de bienes y servicios a nivel federal debe actualizarse por los cambios y desafíos tecnológicos de los últimos 20 años; asimismo, se debe promover una mayor competencia y eficiencia, transparencia y efectividad, así como la incorporación de criterios de sustentabilidad e inclusión.
Para lograr que la participación del testigo social sea relevante, es necesario que la SFP convoque a foros en los que se discutan los cambios que propone el actual Gobierno, además de que implemente medidas que faciliten el registro y la capacitación de un mayor número de testigos sociales.
Es fundamental que se cuente con los recursos legales y el respaldo institucional necesarios para llevar a cabo su labor de manera efectiva, pues aun y cuando no son auditores, sí generan insumos importantes y relevantes en tiempo real para que los órganos fiscalizadores pueden contar con información de actos de corrupción.
Una propuesta que complementaría el trabajo de esta figura es que puedan participar desde la etapa de investigación de mercado, lo que sería un paso en la dirección correcta, ya que, permitirá evaluar y asegurar que la licitación llegue a buen puerto, esto al verificar la correcta planeación de los procedimientos de contratación, evitar el establecimiento de condiciones que limiten la competencia y alcanzar las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad.
El testigo social es una figura importante en la gestión pública del Gobierno mexicano. A través de su contribución, se promueve la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, contribuyendo a la lucha contra la corrupción que, hoy en día, se encuentra sin cambios (según el Índice de Percepción de la Corrupción), al mantener una calificación de 31 puntos sobre 100, colocándonos en el sitio 126 de 180 países evaluados.
La labor del testigo social afronta desafíos sustanciales, como la necesidad de ampliar su participación en un mayor número de procesos de contratación, sobre todo, en aquellos de alto riesgo de corrupción, y asegurar que mantengan su independencia e imparcialidad. Es decisivo que se les integre desde las etapas tempranas (como la investigación de mercado) para maximizar su impacto en la correcta planeación y ejecución de las contrataciones.
El Gobierno debe garantizar la eficiencia y transparencia en la recaudación y el uso de recursos presupuestados en la Ley de Ingresos de la Federación.
Jorge León Manzanilla Cañizares, Vanessa Butrón Valencia
Se debe conocer la documentación requerida en la declaración anual de
transparencia para donatarias y evitar sanciones económicas o pérdida de la
autorización.
Los bancos centrales y gobiernos deben tener presente los impactos macro y microeconómicos ante las futuras y constantes escaladas en las tasas de interés.
Fernando Pliego Vincent, Dulce María Luna Elizalde
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