La LFPIORPI, promulgada en 2013, surge para atender la necesidad de adoptar medidas más efectivas contra el Lavado de Dinero (LD) y FT en el país. Este ordenamiento se circunscribe en un contexto internacional, donde nuestro país ha enfrentado presiones para mejorar su sistema de control financiero. Según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), México ha sido catalogado como un país de alto riesgo debido, entre otros aspectos, a la prevalencia del crimen organizado y delitos financieros.
La LFPIORPI establece un conjunto específico de actividades vulnerables que están sujetas a las regulaciones de LD y FT. Estas prácticas son aquellas en las que se pueden llevar a cabo transacciones que podrían involucrar recursos de procedencia ilícita. A continuación, se presenta un listado de las entidades o sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (derivado de su relación con alguna de las actividades vulnerables reconocidas en la LFPIORPI):
Es fundamental que las entidades que realicen alguna de las actividades vulnerables establecidas en la LFPIORPI implementen políticas y procedimientos adecuados para cumplir con las obligaciones fijadas, lo que incluye, entre otros aspectos, el monitoreo, la capacitación y la notificación de operaciones sospechosas ante la UIF para prevenir el LD y FT.
A continuación, un resumen de las obligaciones contenidas en la LFPIORPI:
El conocimiento del cliente es uno de los pilares de la LFPIORPI. Las entidades obligadas deben implementar políticas y procedimientos que garanticen la identificación y verificación de la identidad de sus clientes; lo cual implica:
Una obligación crítica es la detección y reporte de operaciones inusuales. Las entidades deben establecer sistemas de monitoreo y alerta que permitan identificar transacciones que superen montos significativos sin justificación lógica; o bien, que presenten patrones de comportamiento inusuales en comparación con la actividad habitual del cliente. Esto incluye la obligación de reportar, de inmediato, las operaciones sospechosas a la UIF, cumpliendo con un plazo máximo de 24 horas.
Las entidades están obligadas a realizar un monitoreo continuo de las transacciones de sus clientes; esto implica revisiones periódicas y la actualización de información:
La LFPIORPI exige que las entidades implementen programas educativos para su personal, estos programas deben abordar lo siguiente:
A nivel nacional, de acuerdo con el Informe Anual de la UIF 2023, de 2004 a octubre 2023, la dependencia recibió más de 341.6 millones de reportes y avisos; estas cifras subrayan la importancia y la efectividad del cumplimiento de las obligaciones de la LFPIORPI.
Se observa que, a lo largo de los años, se ha presentado un aumento gradual en el número de operaciones reportadas, lo que refleja la creciente conciencia y mejora en la implementación de las prácticas de PLD y FT fijadas en la regulación nacional e internacional.
Como se puede apreciar, el mayor número de operaciones reportadas se concentra en las operaciones relevantes, las cuales concentran más de 40% de los reportes recibidos por la UIF, seguidos de los reportes de transferencias internacionales con más de 20 por ciento.
Las obligaciones establecidas por la LFPIORPI son esenciales no sólo para cumplir con las disposiciones nacionales e internacionales, sino también para preservar la confianza en el sistema financiero de México y su economía. La correcta implementación de estas obligaciones implica un esfuerzo continuo por parte de las entidades y sujetos obligados, así como una cultura de cumplimiento que debe ser instaurada en todos los niveles de las organizaciones.
El éxito en PLD y FT dependerá, en gran medida, de la colaboración entre las entidades y sujetos obligados, autoridades y la sociedad en general. Sólo a través de un esfuerzo colectivo será posible generar un entorno financiero y económico seguro, el cual propicie el desarrollo y la estabilidad que tanto requiere el país.
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