El artículo 31.°, fracción IV de la Constitución establece que: “Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
En estricto sentido, cualquier persona (física o moral) debe participar en la recaudación de impuestos conforme a los supuestos en los que se encuentre, según las diversas disposiciones fiscales; sin embargo, en la práctica no sucede de esta forma, principalmente por tres factores arraigados en el propio sistema económico y la cultura mexicana:
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al segundo trimestre de 2023 el empleo informal, definido como el trabajo remunerado que no se encuentra regulado o protegido, así como el trabajo no remunerado dentro de cualquier entidad con fines de lucro y la subordinación formal sin seguridad social, representó más de la mitad de la población ocupada (55.2%), con un incremento de 284,000 personas respecto a 2022, afectando en mayor escala a las mujeres.
La relevancia macroeconómica de este sector es de tal magnitud que, al menos entre 2003 y 2021, la proporción respecto al PIB oscila entre 22.6 y 24.4%, a excepción de 2020 (por la contingencia sanitaria); es decir, casi una cuarta parte de la producción de México proviene de actividades económicas no reguladas o protegidas (principalmente comerciales), hecho que manifiesta la falla sistemática en cuanto a la creación y permanencia de empleos formales en el país.
Esta importante proporción perjudica al Estado en un promedio de aproximadamente 592,858 millones de pesos anuales, que se traducen en un 3.7% promedio del PIB anual, según datos históricos de 2005 hasta 2018, como se muestra en la siguiente tabla; situación que no ha presentado mejorías hasta el presente, a pesar de las reformas fiscales recientes que, si bien han incrementado el monto total de impuestos recabados, no han logrado disminuir el impacto de la economía informal en el país (con las consecuencias fiscales que acarrea).
| Año | PIB anual | ISR en el PIB | ISR que no aportan los empleados informales | PIB anual con el ISR de los empleados informales |
| 2005 | 13,887,072.52 | 569,370 | 495,716 | 14,382,788.08 |
| 2006 | 14,511,307.25 | 623,986 | 484,319 | 14,995,626.34 |
| 2007 | 14,843,825.98 | 682,816 | 483,717 | 15,327,543.00 |
| 2008 | 15,013,577.68 | 765,692 | 493,181 | 15,506,758.30 |
| 2009 | 14,219,998.38 | 696,780 | 517,159 | 14,737,156.93 |
| 2010 | 14,947,794.70 | 762,338 | 558,302 | 15,506,097.08 |
| 2011 | 15,495,333.60 | 805,757 | 573,773 | 16,069,106.26 |
| 2012 | 16,059,723.65 | 835,106 | 590,115 | 16,649,838.31 |
| 2013 | 16,277,187.08 | 960,354 | 588,703 | 16,865,890.49 |
| 2014 | 16,733,654.77 | 937,085 | 683,829 | 17,417,484.20 |
| 2015 | 17,283,855.93 | 1,158,018 | 711,594 | 17,995,449.84 |
| 2016 | 17,788,823.69 | 1,885,615 | 699,367 | 18,488,190.89 |
| 2017 | 18,157,001.67 | 1,615,973 | 706,673 | 18,863,674.73 |
| 2018 | 18,519,089.84 | 1,333,374 | 713,564 | 19,232,653.68 |
Fuente: STPS (2019), Inegi (2019), García (2016), SAT (2018) y Banco Mundial (2019).
La información anterior sólo refleja estimaciones respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo, aún falta considerar otros gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), entre otros; de los cuales el análisis resulta más complejo por la forma en que se recaudan dichos tributos, pero que en definitiva generan gran impacto sobre los ingresos del Estado, por lo que, el efecto del monto no recaudado es mucho mayor en términos macroeconómicos.
El segundo factor importante que impide una efectiva cobranza impositiva en México es la percepción que tienen los contribuyentes sobre el sistema fiscal actual y la administración sobre las finanzas del Estado, pues debido a circunstancias como repetidos actos de corrupción, malos manejos de recursos públicos por parte de funcionarios de todos los niveles de gobierno, falta de transparencia en las actividades de la autoridad tributaria, inequidad en la recaudación, deficiencias en servicios públicos a lo largo del país, así como una escasa educación fiscal y disposiciones legales impositivas de difícil comprensión para cualquier contribuyente, la percepción sobre el sistema tributario resulta sesgada y negativa.
Además, no incentiva el interés por conocer el funcionamiento y los objetivos de la hacienda pública y, por ende, los contribuyentes no confían en que el pago de impuestos tenga un fin benéfico para su entorno y bienestar, pues la reciprocidad Estado-sociedad no es clara. En concreto, según una nota de Francesco Manetto, menos de la mitad de la sociedad mexicana (47%) confía en las instituciones de gobierno, incluyendo a la autoridad fiscal, proporción que ha decaído continuamente a través de los últimos años gracias a los factores mencionados.
Aunado a lo anterior, las reformas fiscales recientes centran sus esfuerzos en una mayor recaudación, así como la eliminación de lagunas legales para maximizar el alcance de supuestos y operaciones y así fiscalizar toda actividad económica con el fin de ampliar la base gravable por contribuyente; esto para facilitar el pago efectivo de los tributos, sin embargo, no considera fortalecer la relación Estado-sociedad para generar mayor confianza en los contribuyentes y, consecuentemente, motivar un mejor cumplimiento de las disposiciones fiscales, que se traducen en:
Este elemento definido como la práctica intencional de incumplir (total o parcialmente) con la obligación del pago de los impuestos está íntimamente relacionado al punto anterior, pues es una consecuencia de la mala percepción que tienen los contribuyentes de los impuestos exigidos por la autoridad fiscal y de la cultura evasiva que, según Milagros Ávila, ha estado presente desde los inicios de la tributación en todas las sociedades al ser un fenómeno intrínseco de los impuestos.
En México la evasión fiscal constituye un delito, sin embargo, no parece significar un límite suficiente para disminuir la práctica dentro de la sociedad, pues tan sólo entre 2013 y 2017 el monto no recaudado por evasión fiscal ascendió a proporciones de entre 2.6 y 6.2% del PIB; esto se agrava cuando los ciudadanos justifican el incumplimiento, argumentando tasas impositivas injustas o imparcialidad en la recaudación. En México más de la tercera parte de un grupo de encuestados afirmó que la evasión de impuestos era justificable, tal como se muestra en la siguiente gráfica.
Fuente: elaborador por el CIEP con información de Latinobarómetro (2016).
Este hecho confirma la escaza confianza del contribuyente hacia la autoridad fiscal y revela la importancia de implementar medidas para mejorar la relación con el Estado.
Los factores explicados en este análisis responden en gran medida a la gran problemática recaudatoria que enfrenta México año con año, sin embargo, la responsabilidad de estas causas no recae en un único agente, sino que implica un mayor compromiso tanto de los contribuyentes como del Estado, pues los incumplimientos por ambas partes generan un círculo vicioso que perjudica a todos los integrantes de la nación por igual.
Lo anterior se debe a que, al no recaudar impuestos suficientes, no se logran cubrir las necesidades para mejorar las condiciones económicas y sociales, lo que a su vez, genera descontento en los ciudadanos, mismo que se traduce en una resistencia al pago de los tributos correspondientes. Es por esto que la solución imperante no es una mayor tasa impositiva o castigos penales, sino buscar el fortalecimiento de la relación entre sociedad y gobierno para alinear metas de desarrollo económico y social.
El compliance aduanero es altamente recomendable, pues las organizaciones deben implementar medidas continuas para identificar y mitigar riesgos en las operaciones de comercio exterior.
Juan Antonio Castro Chávez
Dentro del marco normativo mexicano existe una serie de requisitos que debe cumplir quien desee ocupar los más altos cargos de fiscalización.
Gerardo González de Aragón Rodríguez
Bajo ciertas circunstancias, hay autoridades específicas que están facultadas para solicitar información confidencial amparada por el secreto bancario.
Eréndira Berenice López Gutiérrez
Un saldo a favor del ISR no es un tema que se genere en automático, es una tarea que dura todo el año y culmina en la declaración anual para personas físicas en el mes de abril.
Eduardo Estrada Borja
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