En México y el mundo se está llevando a cabo una lucha contra el lavado de dinero y delitos precedentes a éste, tales como el narcotráfico, terrorismo, secuestro, corrupción, entre otros. En esta lucha, uno de los frentes que se ataca es el debilitamiento de la estructura financiera de la delincuencia para evitar que las ganancias sigan financiando la comisión de delitos.
Es aquí donde el contador juega un rol importante como promotor del cumplimiento de la ley y difusor de información, ya que, cuenta con los conocimientos y herramientas para reducir el riesgo de que personas y empresas, por desconocimiento y no por dolo, sean utilizadas en la comisión de estos delitos.
La práctica de la profesión contable requiere del cumplimiento de responsabilidades éticas, profesionales, legales y sociales. El contador está obligado a conducirse con honestidad, objetividad, competencia profesional, confidencialidad y tendiendo a la excelencia, como diría Carlos Llano: “Vale más ponerse la meta de la excelencia y no lograrla, que la de la mediocridad y conseguirla”.
Ante la responsabilidad de servir al interés público como lo señala el Código de Ética Profesional (CEP), el contador debe buscar el bienestar social promoviendo la transparencia, así como la rendición de cuentas, evitando y denunciando comportamientos fraudulentos, corruptos o ilegales; asimismo, contribuyendo en la prevención e identificación de operaciones de lavado de dinero con recursos procedentes del crimen organizado.
Esta no es una lucha que deba enfrentar solamente el Gobierno, sino todos los que integran la nación y en la que el profesional contable se puede sumar desde diferentes frentes, tales como:
La CNBV, con base en la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define el lavado de dinero como: “La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, sabiendo que proceden de alguno o algunos de los delitos del narcotráfico determinantes o precedentes”.
Por su parte, Héctor Rodríguez señala que el lavado de dinero contempla diversas conductas y métodos, donde destacan las siguientes etapas:
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “los delincuentes seguirán buscando métodos innovadores para explotar las debilidades de los sistemas financieros e intentar ir por delante de los investigadores”. Tal es el caso de utilizar criptomonedas que permiten ocultar su identidad y cuya disponibilidad es mundial.
México se incorporó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el año 2000; lo anterior para la cooperación internacional, observando estándares internacionales y cumpliendo con recomendaciones sobre PLD y FT.
En México existen diversos organismos encargados de la creación del marco jurídico para PLD, formular políticas, regular, supervisar, vigilar, inspeccionar, investigar y perseguir delitos e impartir justicia, tales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico), la CNBV y la UIF, entre otros.
Para el país, existen consecuencias devastadoras en lo social, político, económico y financiero; aumenta la inseguridad y descomposición social; cobra la vida de conciudadanos; provoca el debilitamiento de las instituciones e incremento en la corrupción; se presenta como una competencia desleal a los negocios lícitos; y provoca una disminución en los ingresos del Gobierno, pues evade el pago de impuestos.
Para las empresas, las consecuencias pueden ser reputacionales y legales. Su reputación se daña y el descrédito puede ocasionar que las personas no quieran realizar transacciones comerciales con ellas por temor a ser relacionados a actividades ilícitas. Tanto las empresas como los funcionarios que trabajan en ellas pueden hacerse acreedores a sanciones legales, multas, inhabilitación e incluso, ir a prisión como lo señala el artículo 400-bis del Código Penal Federal.
Se propone que las personas que realizan actividades empresariales, aun cuando no se consideren sus actividades como vulnerables y no tengan la obligación legal, realicen las siguientes acciones:
Quedarse al margen de esta lucha y ser indiferentes al sufrimiento que provocan los delitos precedentes al lavado de dinero no es sostenible; el gobierno, sociedad y las organizaciones, cada uno desde su trinchera, deben combatirlo.
En esta cruzada, el profesional contable puede sumarse desde diferentes frentes, en el sector público como auditor fiscal, como funcionario de empresas que realicen actividades vulnerables, como auditor independiente y como difusor de información, pues la única manera en que una persona o empresa pueda prevenir el ser partícipe de este delito, es que lo conozca, pueda identificarlo, entienda los esquemas de lavado, se informe sobre la legislación existente y sepa lo que puede hacer para reducir los riesgos.
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