Inconstitucionalidad del plazo para cancelar un CFDI

De acuerdo con lo establecido por la SCJN, el cuarto párrafo del artículo 29-A del CFF es inconstitucional por contravenir el principio de seguridad jurídica.

La exposición de motivos de la reforma fiscal de 2022 estableció lo siguiente, respecto de la limitación del plazo para cancelar un CFDI:

Evidentemente, esta limitación no contempló la complejidad operativa de muchos contribuyentes y su industria, donde la cancelación del CFDI se realiza en ejercicios diferentes al de emisión, siendo muy diversos los supuestos de cancelación de dicho comprobante; por ejemplo, por errores en los datos del documento, modificación de las condiciones generales, descripción, forma de pago, monto, etc.

De tal forma que, conforme al cuarto párrafo del artículo 29-A del CFF, un CFDI emitido en 2023 (por ejemplo) sólo podría cancelarse en el ejercicio de expedición, en este caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2023, contando con la aceptación del receptor del comprobante.

No obstante a lo anterior, se incorporó a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) la regla 2.7.1.47, misma que señala: “Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR (Impuesto Sobre la Renta) correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante”.

De manera que, en reglas de carácter general, la autoridad fiscal amplió el plazo para la cancelación del CFDI que emitan los contribuyentes, sin embargo, esta ampliación no resuelve el problema de fondo; por ejemplo, para aquellos CFDI emitidos en el ejercicio 2023, será el 1.° de abril de 2024 para personas morales y el 30 de abril de 2024 para personas físicas.

El contribuyente debe estar atento de los plazos correspondientes para interponer el juicio de amparo indirecto en contra del artículo 29-A del CFF.

Es importante enfatizar que el objetivo de las reglas de carácter general debe limitarse a detallar y precisar la regulación correspondiente, mas no corregir la norma legal; sin embargo, podrían existir casos de excepción en los que la ley, a través del uso de cláusula habilitante, otorgue ciertas facultades, siempre que se respeten los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, situación que no ocurre en la regla mencionada.

Al respecto, cuatro empresas promovieron un juicio de amparo indirecto en contra del cuarto párrafo del artículo 29-A, del CFF. Sobre el particular, la primera sala de la SCJN resolvió la inconstitucionalidad de la disposición con los siguientes fundamentos:

• Es contraria al principio de seguridad jurídica, esto por supeditar la posibilidad de cancelación de los CFDI al mismo ejercicio en que fueron expedidos, dejando de lado que existen casos en los cuales esa temporalidad se torna arbitraria e irrazonable.
• Conforme al sistema normativo de cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias, la emisión de los CFDI cobra relevancia hasta que las operaciones que amparan devengan sus efectos fiscales, lo que no necesariamente ocurre dentro del ejercicio fiscal en que se emiten.
• La norma impugnada pasa por alto el dinamismo de las operaciones comerciales en la realidad en que pueden ocurrir; no sólo errores al momento de la emisión del CFDI, sino también la terminación anticipada o incumplimiento de contratos, cancelación de servicios, entre otros.
• La disposición reclamada prevé más condiciones para estar en aptitud de cancelar un CFDI, lo que evidencia que, de hecho, la cancelación correspondiente se lleva a cabo con mayor dilación; por ejemplo, en tanto se recaba la autorización de la persona en favor de quien se expidió el comprobante.
• La norma controvertida, incluso, establece que salvo que las disposiciones tributarias prevean un plazo menor, estos comprobantes sólo pueden cancelarse en el ejercicio en que se expidan si la persona para la que se emiten acepta su cancelación.

A partir de estas consideraciones, la primera sala de la SCJN concluyó que esta norma contraviene el principio de seguridad jurídica, por lo tanto, resolvió su inconstitucionalidad sobre el plazo previsto. Por tal motivo, se concedió el amparo solicitado respecto de la porción normativa reclamada, desincorporándola de la esfera jurídica de las quejosas en lo relativo a que los CFDI sólo pueden cancelarse en el ejercicio en el que se expiden. De la misma manera, el 25 de octubre de 2023 la segunda sala de la SCJN declaró la inconstitucionalidad del artículo en cuestión.

La referida limitación no contempla la complejidad operativa de muchos contribuyentes y su industria, donde la cancelación del CFDI se realiza en ejercicios diferentes al de emisión.

Conclusiones

De acuerdo con lo establecido por la SCJN, el cuarto párrafo del artículo 29-A del CFF es inconstitucional por contravenir el principio de seguridad jurídica; por lo tanto, los contribuyentes deben interponer la demanda de amparo indirecto, ya que, el precedente en comento no beneficia a la generalidad, sino al quejoso del juicio de amparo del que derivó el criterio de la SCJN (conforme al principio de relatividad de las sentencias).

Asimismo, se debe considerar que la impugnación a los actos reclamados procederá por el primer acto de aplicación de la norma, por lo que, el contribuyente deberá estar atento de los plazos correspondientes para interponer el juicio de amparo indirecto en contra del multicitado artículo del CFF.