El huachicol se refiere al robo de combustibles, el cual se volvió de interés público tras un trágico suceso en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde una toma clandestina terminó con vidas humanas tras una explosión.
Las acciones contra el huachicol incluyen auditorías fiscales y financieras que revelaron a contribuyentes con inconsistencias tributarias relevantes, investigaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueo de cuentas bancarias y flujos económicos vinculados al robo de hidrocarburos. Todo esto mostró la magnitud del problema.
El huachicol fiscal experimentó un aumento de 14% desde 2020, según estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto representó 14% de la demanda total de gasolina y diésel en México, lo que resulta en pérdidas significativas. Las estrategias utilizadas para evadir impuestos incluyen la importación de combustibles bajo la etiqueta de lubricantes automotrices que no están sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la alteración de documentos, así como la falsa declaración de importaciones.
A pesar de las medidas implementadas por el Gobierno (incluyendo auditorías fiscales y bloqueo de cuentas relacionadas con el lavado de dinero), el problema persiste. Es necesario llevar a la acción una comunicación interinstitucional coordinada entre el Gobierno, las empresas y la sociedad; esto a fin de abordar, de manera eficaz, este desafío y proteger la integridad del mercado de hidrocarburos en México.
El SAT ha detectado un preocupante aumento en esta práctica desde el primer semestre de 2022. Esto representa una competencia desleal para el mercado legal de combustibles, equivalente a 27% de las ventas nacionales y 41% de las importaciones lícitas. Además del impacto económico, esta situación alimenta la delincuencia y la inseguridad en el país.
La discrepancia entre la oferta y la demanda de combustibles en México es evidente. Aunque la producción nacional, a través de Pemex y las importaciones legales por parte del sector privado, abastecen una parte significativa del mercado, el SAT ha identificado una brecha importante.
Aunque en 2023 el contrabando de combustible se redujo a 26.4 millones de barriles, la lucha contra el huachicol fiscal continúa. La coordinación administrativa para combatir esta práctica ha arrojado algunos resultados, pero aún queda mucho por hacer para proteger la integridad del mercado mexicano.
El Gobierno de México está intensificando sus esfuerzos para combatir el crimen organizado y el robo de combustible. Recientemente, la UIF presentó una serie de denuncias por lavado de dinero relacionado con la compraventa ilegal de hidrocarburos por más de 80 millones de pesos. Esta acción es crucial en la estrategia efectiva para desmantelar las redes delictivas en el país.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), apunta a un individuo con antecedentes de vínculos con el crimen organizado. Durante la investigación, se descubrieron depósitos en efectivo que revelaron la mecánica financiera de estas actividades ilícitas, estimándose que más de 27 millones de pesos se utilizaron en la adquisición irregular de combustibles.
Asimismo, se han bloqueado cuentas vinculadas a la referida organización criminal, así como a un caso de corrupción política, demostrando el compromiso internacional de México en la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado.
La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) proveniente del robo de combustibles es una preocupación creciente para las empresas mexicanas. Detectar y prevenir el uso de compañías para actividades ilícitas puede evitar costos financieros y legales (tanto directos como indirectos). Aquí hay algunas medidas clave que las empresas pueden tomar para protegerse:
Análisis de riesgos: independientemente de su tamaño, las entidades deben actualizar su agenda de riesgos para incluir las últimas acciones gubernamentales contra el robo de combustibles; esto puede hacerse con el apoyo de cámaras de comercio locales y nacionales, así como con la asistencia de empresas de consultoría especializadas en prevención de fraude fiscal y PLD.
Conocimiento de normativas y acciones gubernamentales: no sólo es fundamental conocer la normativa nacional e internacional que rige a las empresas, sino también comprender la interpretación de las acciones implementadas por el Gobierno para combatir el robo de hidrocarburos. Este delito está en camino de ser considerado como grave, lo que podría acarrear otras acciones legales relacionadas con el lavado de dinero y la corrupción.
Conocimiento profundo de los clientes: muchas organizaciones realizan miles de transacciones diarias, lo que dificulta la identificación de la legalidad de cada operación financiera, especialmente, cuando se trata de movimientos en efectivo. Afortunadamente, existen sistemas automatizados en el mercado que pueden ayudar a identificar (en tiempo real) la identidad de las personas y detectar posibles actividades ilegales. Es importante implementar estrategias para conocer al cliente (KYC, por sus siglas en inglés) para no ser utilizados en actividades ilícitas.
Al llevar a cabo estas medidas proactivas, las organizaciones pueden protegerse de ser utilizadas en el lavado de dinero asociado al robo de combustibles, salvaguardando su reputación y cumpliendo con las regulaciones legales vigentes.
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