Considerando en conjunto todos estos puntos, se entiende que el objetivo principal de los legisladores es lograr un sistema fiscal más eficiente y equitativo, pues se trata de un componente crucial para la economía del país. Por ello, el presente artículo se aboca a analizar algunos de los retos más significativos que conlleva el reformar las leyes fiscales para las autoridades correspondientes.
En su mayoría, los motivos de las diversas reformas fiscales que se han presentado coinciden en su búsqueda por mejorar la participación del fisco federal en los ingresos nacionales a través de:
Siguiendo uno de los principios establecidos en la fracción IV del artículo 31.°constitucional, se emana la obligación de aportar al gasto público a través del pago de contribuciones. La carga fiscal debe ser equitativa y proporcional, hecho que, aunque pudiera resultar obvio ante los ojos de los contribuyentes, la realidad es que la redacción de las reformas que sufren los ordenamientos fiscales (en algunos casos) no distinguen las situaciones específicas que generan diferencias entre los sujetos pasivos de dichas contribuciones.
Al ser uno de los principales desafíos el que se logre una distribución equitativa de la carga fiscal entre los diferentes sectores de la sociedad, las reformas deben evitar que los impuestos recaigan de manera desproporcionada en los estratos de ingresos bajos y medianos, al mismo tiempo que se promueva la contribución equitativa de las empresas y los individuos de mayores ingresos.
México forma parte de los países que mueven gran parte de su economía en la informalidad, situación que constantemente busca ser erradicada por el gobierno a través de la legislación fiscal e incluso, a través de ordenamientos de carácter penal, tal como se ha visto en los últimos años.
Para el primer trimestre del ejercicio 2021, la evasión fiscal en México representaba el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), según la firma de asesoría Fixat; dato que, sin duda alguna, se encuentra íntimamente relacionado con el nivel de economía informal que se ejerce en el país y que, atendiendo los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante dicho ejercicio participó con el 23.7% del PIB nacional.
Una de las reformas que ha permitido lograr con éxito la migración a la formalidad de gran parte de los contribuyentes es la creación de regímenes como el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) que, aunque se trata de la transformación de regímenes que ya existían (como el Régimen de Incorporación Fiscal), otorga facilidades atractivas a los contribuyentes (personas físicas) como la tasa reducida del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de hasta el 2.5% de los ingresos obtenidos en el ejercicio.
El sistema tributario mexicano es conocido por su complejidad al momento de dar cumplimiento a obligaciones adicionales al entero de los impuestos. Si bien, lo anterior se puede justificar por la finalidad que tiene de dotar a la autoridad fiscal de información de los contribuyentes que le permita (en teoría) realizar procesos como revisiones y cruces de información de manera más eficiente, es necesario enfatizar dos cuestiones:
Entonces, las reformas deberían apuntar hacia una mayor simplificación de procedimientos fiscales, lo que facilitaría el cumplimiento por parte de los contribuyentes y reduciría los costos administrativos (tanto para el gobierno como para los sujetos pasivos de las contribuciones).
Atendiendo al entorno globalizado de hoy en día, es importante que los legisladores, al momento de redactar reformas fiscales, consideren cuidadosamente su impacto en la competitividad del país y en su capacidad para atraer inversiones extranjeras.
Adicionalmente se debe tomar en cuenta que México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo tanto, debe sujetarse a las disposiciones de dicha organización, así como a los convenios de los que forma parte en materia de doble imposición y evasión fiscal.
Demasiados impuestos o cargas fiscales excesivas podrían alejar a los inversionistas, lo que afectaría negativamente el crecimiento económico del país; dicha situación va en contra al aumento de la recaudación fiscal que busca mejorar la economía nacional y, por ende, la calidad de vida que el gobierno puede otorgar a los mexicanos a través de los servicios que proporciona.
Sin duda alguna, la autoridad fiscal en México ha implementado diversos sistemas y obligaciones que le permiten obtener información de los contribuyentes; mismos que dotan de un panorama más amplio sobre la situación contributiva real de estos, sin embargo, resulta necesario señalar como uno de los retos a considerar (por parte de los legisladores que redactan las reformas fiscales) la relación y comunicación entre el gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales en términos fiscales.
Las reformas deben buscar una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno que permitan gestionar y utilizar (de forma eficiente) la base de datos de la información que actualmente tiene la autoridad fiscal, adicional a buscar la equidad en la distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno, evitando desequilibrios financieros.
Es claro que las reformas fiscales, más allá de buscar un aumento en la recaudación tributaria a través de la creación de nuevas contribuciones o del aumento en las tasas impositivas actuales, buscan dar solución a otras cuestiones que afectan no sólo la economía del país, sino la calidad de vida que tienen los mexicanos actualmente.
Las reformas fiscales en México enfrentan diversos retos que, tal como se ha comentado, van desde dar cumplimiento a uno de los principios constitucionales de las contribuciones como la equidad en la carga fiscal, hasta la simplificación del sistema tributario. Abordar estos desafíos de manera efectiva requerirá que los legisladores cuenten con un enfoque multidimensional; se tenga participación de expertos en economía, así como de los distintos sectores de la sociedad a través de mesas de trabajo que permitan conocer el punto de vista de cada una de las partes.
Toda reforma fiscal tiene repercusiones a nivel económico y administrativo de los contribuyentes, por lo que, resulta imperativo que se tome en cuenta la realidad de la sociedad y la economía en la que estos llevan a cabo sus operaciones. Es esencial llevar a cabo análisis de impacto exhaustivos para comprender cómo afectarán los cambios fiscales a diferentes sectores y grupos de población; esto con el objetivo de minimizar efectos negativos y maximizar los beneficios.
La residencia fiscal es el pilar fundamental que otorga y limita a los países el derecho de establecer obligaciones tributarias a los particulares.
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