En México, este esquema ha generado preocupación entre las cámaras empresariales, el Gobierno y los sectores productivos debido a sus consecuencias económicas y regulatorias. En este artículo se analizan los principales aspectos de los envíos de minimis, sus implicaciones y las medidas que ha tomado México para controlar este problema.
El término de minimis hace referencia a un umbral de valor por el cual las importaciones pueden ingresar a un país sin pagar impuestos aduaneros o con procedimientos simplificados. En México, el umbral de minimis se establece en 50 dólares para envíos provenientes de países sin tratado de libre comercio y en 117 dólares para envíos procedentes de EUA y Canadá (bajo el T-MEC). Este esquema facilita la importación de pequeñas mercancías sin los costos y requisitos que aplican a otras importaciones regulares.
Las cámaras empresariales han expresado su preocupación respecto al uso desmedido de la figura de minimis, pues consideran que genera una competencia desleal para los comerciantes y productores nacionales. Las empresas extranjeras pueden aprovechar este esquema para introducir productos sin cumplir con regulaciones fiscales, sanitarias y de calidad, afectando directamente a la industria nacional. Además, se argumenta que muchos vendedores internacionales fraccionan envíos para evadir impuestos y restricciones comerciales, lo que provoca distorsiones en el mercado.
El abuso del esquema de minimis tiene diversas repercusiones económicas y regulatorias:
La evasión fiscal derivada del abuso del régimen de minimis es significativa. Según estimaciones de organismos empresariales, México podría estar dejando de recaudar hasta 1,000 millones de dólares anuales debido a este esquema. Esto se debe a que un alto porcentaje de importaciones que deberían pagar aranceles, así como cumplir con ciertas regulaciones, están ingresando mediante el fraccionamiento de envíos, reduciendo la base tributaria del país.
Las RRNA (Regulaciones y Restricciones No Arancelarias) son medidas implementadas por el Gobierno para controlar la calidad, seguridad y cumplimiento normativo de los productos importados; sin embargo, los envíos de minimis suelen estar exentos de estas regulaciones, lo que permite la entrada de mercancías que podrían no cumplir con normas de etiquetado, certificaciones sanitarias o estándares de calidad. Esta situación representa un problema para las autoridades, pues dificulta la supervisión de productos y puede poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores.
Ante el crecimiento del e-commerce y el abuso del esquema de minimis, el gobierno mexicano ha implementado diversas medidas para mitigar su impacto:
El régimen de minimis ha sido un factor clave en el auge del comercio electrónico, permitiendo que consumidores mexicanos accedan a productos internacionales con facilidad y a precios atractivos; sin embargo, su abuso ha generado preocupaciones significativas en distintos sectores de la economía. En primer lugar, la reducción en la recaudación tributaria representa un desafío para las finanzas públicas, pues cada año el país deja de percibir miles de millones de pesos en impuestos que podrían destinarse a infraestructura, salud y educación. Esta evasión fiscal, facilitada por el fraccionamiento de envíos y el uso indebido del esquema, genera desigualdad en la carga impositiva y pone en desventaja a los contribuyentes cumplidos.
Además, la competencia desleal que enfrentan los productores y comerciantes nacionales es otro aspecto crítico. Mientras que las empresas mexicanas deben cumplir con estrictas regulaciones fiscales, sanitarias y de calidad, muchos productos que ingresan bajo el régimen de minimis evitan estos controles, lo que coloca a la industria local en una posición desventajosa. Sectores como el textil, calzado, juguetes y electrónica han sido particularmente afectados al competir contra artículos importados que, muchas veces, son más baratos por la falta de aranceles y regulaciones. Esta competencia desigual no sólo disminuye las ventas de los negocios nacionales, sino que también pone en riesgo empleos y la estabilidad económica de miles de familias que dependen de la producción local.
Por otro lado, el impacto en la seguridad y el bienestar del consumidor es un punto de gran relevancia. Los productos importados bajo el régimen de minimis, al estar exentos de muchas regulaciones, pueden no cumplir con normas sanitarias, ambientales o de calidad; esto representa riesgos potenciales para la salud y seguridad de los consumidores, ya que, artículos como cosméticos, suplementos alimenticios, dispositivos electrónicos y juguetes pueden carecer de certificaciones adecuadas, aumentando la posibilidad de incidentes o afectaciones a la salud. La falta de control en estos envíos también abre la puerta a la entrada de productos falsificados o de dudosa procedencia, lo que mina la confianza en el mercado y puede derivar en mayores costos sociales.
Ante tal panorama, las acciones tomadas por el gobierno mexicano han sido un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. La supervisión aduanera debe fortalecerse con tecnología avanzada y procesos más ágiles para identificar y evitar el fraccionamiento de envíos. Asimismo, es necesario un marco normativo más robusto que regule con mayor eficacia a las plataformas de e-commerce y las haga corresponsables en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La cooperación con otros países, en especial dentro del marco del T-MEC, será clave para evitar que el régimen de minimis se convierta en una vía permanente de evasión de impuestos y afectación al comercio formal.
Como consumidores, tenemos un papel fundamental en este debate. Vivimos en una era en la que comprar con un clic es lo más normal, pero es momento de reflexionar: ¿estamos fomentando un comercio justo y equitativo? La tentación de adquirir productos a precios bajos y recibirlos en la puerta de casa es fuerte, pero también debemos considerar el impacto que esto tiene en nuestra economía local, en los pequeños negocios que luchan por competir y en la sostenibilidad de la recaudación fiscal del país.
Al final, lo que parece de minimis puede convertirse en un problema enorme si no se regula con inteligencia y responsabilidad. No se trata de frenar la globalización, sino de hacerla más justa y equitativa para todos, asegurando que el comercio digital crezca de manera sostenible sin sacrificar el bienestar económico y social de México.
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